El veredicto del jurado integrado en el juicio en contra del ingeniero Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón declarándolo culpable, y la detención del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, es una reacción de Washington ante los magros resultados de México en materia de seguridad.

Desde el interior de los Estados Unidos de América, cada vez más son las voces que sugieren más uso de la fuerza y recursos en contra de los integrantes de organizaciones criminales mexicanas. Gobernadores, alcaldes, congresistas y senadores se han pronunciado al respecto, pero últimamente resalta la carta firmada por 21 fiscales de estados republicanos de la Unión Americana, en la que solicitan como una de las prioridades del gobierno del Presidente Biden declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de droga mexicanos.

Resulta, que no es la primera vez que se realiza esta petición al jefe del Ejecutivo estadounidense. Se pueden rastrear por lo menos dos momentos previos no muy alejados en el tiempo. Durante la administración de Trump, el expresidente anunció que estaba emprendiendo acciones para poder designar como terroristas a cárteles mexicanos.

Actualmente, la razón por la que los fiscales dicen revivir esta petición, está relacionada con las muertes que ha causado la distribución masiva del fentanilo y su uso en la composición de otras drogas, lo que lleva a considerar que los narcotraficantes mexicanos, así como los grupos dentro de Estados Unidos, han alcanzado tales grados de organización y capacidad de violencia, que ya no pueden ser combatidos como una organización delictiva convencional. Otro factor es la disputa presidencial que se anticipa pues, en el fondo, estas elecciones deciden también entre dos proyectos antagónicos para enfrentar los problemas sociales, como el de las adicciones. 

La declaración de culpabilidad en contra de García Luna; no es cosa menor. Desde luego, no detendrá el espiral de violencia de los cárteles en México, ni parara la corrupción de la noche a la mañana y mucho menos detendrá en lo inmediato el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero la decisión del jurado podría tener grandes consecuencias en México y Estados Unidos; verbigracia, representa también una admisión tácita del gobierno estadounidense sobre la incapacidad del gobierno mexicano de combatir efectivamente al narcotráfico. Además, se seguirían sumando argumentos para hacer aún más profundo el prejuicio de México como un país violento e “ingobernable desde adentro”.

Se suponía que la acusación por cargos de narcotráfico y corrupción contra García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en Estados Unidos, marcaría una tendencia para la rendición de cuentas: sería el primero de una serie de casos de corrupción presentados contra funcionarios mexicanos en Estados Unidos, según dicen los fiscales federales estadounidenses.

Pero ¿qué pasó realmente, por ejemplo; en el caso del General Salvador Cienfuegos? Para entender esto se debe recurrir a una figura internacional que es el conflicto de leyes, el derecho penal es un derecho tradicionalmente territorialista, obviamente en el conflicto de leyes hay una adición que es el conflicto de jurisdicción y en derecho penal internacional se deben retomar algunos principios para entender este caso y diferenciarlo al de Genaro García Luna. Desde el punto territorialista, podemos entenderlo como la facultad que tienen los Estados de establecer y utilizar su jurisdicción, utilizar sus leyes, dentro de su territorio.

El derecho internacional respecto de los Estados, permite que estos regulen y puedan establecer aspectos extraterritoriales, pero se producen traslapes de jurisdicción y el derecho internacional genera una serie de criterios, ejemplo: cuando existen actos que se producen en el exterior y tienen efectos en lo interno.

Esa fue la base que utilizó Estados Unidos para la detención de Cienfuegos, actos ocurridos aparentemente en México pero que afectaron en lo interior a los Estados Unidos; ahora bien, existen ciertos criterios internacionales de cómo se manejan estos aspectos jurisdiccionales ¿Qué pasa cuando existen dos leyes penales internacionales peleando y dos jurisdicciones compitiendo? Respecto al caso Cienfuegos los criterios básicos los podemos ver en la Ley de Extradición de México; concretamente en el artículo 12 se entrega al país donde el delito se cometió, se da preferencia a la parte territorial.

Obviamente México tiene firmado un tratado de asistencia jurídica mutua ya que lo que se buscaba era tener puntos de contacto. Particularmente durante el gobierno de Fox y de Calderón se hacían investigaciones espejos, lo que se hacía en Estados Unidos se hacía en México. En el caso Cienfuegos; una vez que México se entera de la detención del General, la FGR abre su averiguación y pide la asistencia jurídica de los Estados Unidos. México llevaba mano por que los hechos habían ocurrido en México, era una parte territorial y esa jurisdicción se cede excepcionalmente, no como la vía ordinaria y normalmente hay instrumentos, uno de esos son los tratados de extradición.

Pero en el caso Cienfuegos además existía un segundo elemento de mucho peso y es que la persona que estaba siendo objeto de estas leyes y de esta jurisdicción estadounidense era un militar mexicano que, con independencia del rango, él es simplemente un militar y ¿Qué ocurre? Que la parte militar a nivel internacional a nivel de Estado tiene una protección especial.

Si hay un elemento del Estado que se considera como cuerpo, como institución es la parte militar y esto tiene muchos elementos a nivel internacional que son consuetudinarios pero que son perfectamente establecidos, esos principios están perfectamente reconocidos en el Estatuto de Roma, en el Tribunal Penal Internacional, en el artículo uno se habla de jurisdicción de complementariedad ya que primero es la jurisdicción del Estado y obviamente esto generaba una serie de brincos entre Estados Unidos y México, porque se brincaron estos principios básicos; recordemos que Estados Unidos no es parte de los Estatutos de Roma, por que no quieren entre otras cosas, que sus militares sean enjuiciados fuera de los Estados Unidos – y eso es lo más paradójico de este caso – y el Derecho Penal Internacional tenía salidas muy básicas, por lo que lo conveniente era que se mandaran las pruebas y que se juzgara en México.

Palermo, la Convención sobre Delincuencia Trasnacional Organizada en el artículo 21 prevé la remisión de actuaciones. Respecto a los dos cuerpos de servicio, el militar y el diplomático; aunque sean embajadores o militares retirados, la ley es muy clara, ellos, los embajadores siguen teniendo el rango de embajador ya que pueden ser llamados en cualquier momento por el Estado Mexicano y en la caso de General pasó a ser Asesor Militar del actual Secretario de la Defensa Nacional y esa institucionalidad es una institucionalidad de reconocimiento básico a nivel internacional y entonces en el caso Cienfuegos regresamos a cuestiones básicas de derecho penal internacional. 

En México el manejo no fue del todo correcto, la absolución de la FGR a Cienfuegos era una acción que impactaba la relación bilateral, peor se puso todavía, cuando México emite leyes para limitar la operación de las agencias extranjeras en territorio mexicano con dedicatoria para la DEA, cuando anuncia el no ejercicio de la acción penal en favor del exsecretario de la Defensa Nacional. Desde Estados Unidos, el Departamento de Justicia reitera que la investigación realizada por autoridades estadounidenses evidencia vínculos entre Cienfuegos y un grupo de la delincuencia organizada y todo indicó desde ese momento que la relación bilateral en materia de seguridad se encontraría seriamente debilitada.

El combate al narcotráfico ha sido abordado en la relación bilateral México-Estados Unidos desde hace más de 50 años. Esto se debe en gran medida a la perspectiva, el manejo y la prioridad que le han dado los dos países en sus respectivas agendas. En México, dentro de la  política exterior, los temas  de seguridad  han estado  basados en  elementos  nacionalistas  para  evitar  una supuesta intervención extranjera. En los Estados Unidos ha prevalecido la perspectiva  de  que  el  combate  al  narcotráfico  se  debe relacionar  con  la  seguridad nacional, lo cual justificaba una colaboración conjunta con otros países.

En los meses de transición de poderes entre la administración del Presidente saliente Felipe Calderón y el presidente electo en aquel entonces Peña Nieto, salió un reportaje del diario The New York Times, firmado por Ginger Thompson, Randall C. Archibold y Eric Schmitt, sobre la presión estadunidense para impedir la designación del general de División Moisés Augusto García Ochoa como secretario de la Defensa Nacional. Reveló los niveles de desconfianza, temores y presiones que persisten en la relación México-Estados Unidos, y al mismo tiempo la prolongada sospecha de la DEA sobre la corrupción en la cúpula militar mexicana.

En aquellos tiempos la acción del embajador Anthony Wayne, quien tomó la iniciativa de hablar con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto para evitar la designación de García Ochoa como general secretario, fue interpretada en los círculos políticos mexicanos como una intromisión y un abuso en las relaciones bilaterales. Legisladores mexicanos cerraron filas con el presidente Calderón y le expresaron su inquietud por los intentos de intromisión. Al final no fue nombrado García Ochoa y se nombró a Cienfuegos, casualmente, Anthony Wayne, fue testigo en el juicio de García Luna en NY.

Anthony Wayne fue embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, durante la Presidencia de Barack Obama. Wayne fue llamado al estrado por la Fiscalía para contrarrestar la estrategia de la defensa de mostrar al jurado cinco fotos de García Luna con altos funcionarios estadounidenses como Obama y Hillary Clinton, ex secretaria de Estado en esa Administración. El diplomático dijo que se reunió varias veces con García Luna y que los encuentros eran parte de su trabajo, aunque no ahondó en las acusaciones contra el exfuncionario. También comentó que no había recibido información creíble sobre delitos cometidos por el exsecretario, aunque reconoció que había poca confianza en la Policía Federal, liderada por el acusado. Vale la pena recordar a Eric Drickersen, Agente Especial retirado del FBI que estuvo adscrito en México y decía…“En México, siempre es un juego del gato y el ratón, pero, a veces, es difícil distinguir quién es el gato y quién es el ratón”.

El arresto en 1997 del General Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas del Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994- 2000), consiguió sorprender a muchos, tanto en México, Estados Unidos y en varios países. Su detención fue un cisma de grandes niveles en las instituciones de seguridad y defensa mexicanas no vista desde el asesinato de Enrique Kiki Camarena en Guadalajara, en 1985, el general insistió en su inocencia hasta su muerte, recuperó en 2011 sus títulos militares.

En la relación bilateral entre México y los Estados Unidos nunca se habían visto casos tan impactantes como el del General Cienfuegos Zepeda y el del ingeniero García Luna, porque Genaro García Luna fue un hombre cercanísimo a la Comunidad de Inteligencia estadounidense y a otros organismos de seguridad; y en el caso de Salvador Cienfuegos, fue un hombre que trabajo muy estrechamente con las agencias de seguridad y defensa estadounidenses y fue considerado uno de sus generales más cercanos.

Cuando García Luna estaba en la cima de sus poderes, pocos podrían haber imaginado que alguna vez enfrentaría una situación como la que enfrenta en la actualidad. Era muy autoritario, y siempre tenía el control. La prensa le tenía miedo. Lo irónico; es que él estaba obsesionado con James Bond y se vio a sí mismo como un héroe. Hoy es el villano. Siempre meticuloso, inteligente y bien preparado, García Luna se convirtió en el rostro de miles de policías mexicanos que lo siguieron de manera religiosa. Su autoridad superaba las fronteras mexicanas. Era un aliado muy importante para el FBI y recibió un material extremadamente confidencial de manera regular, hoy se pone en entredicho esa alianza y es declarado culpable, la traición de García Luna ya es cosa juzgada.

Sin lugar a dudas; entre la militarización de la seguridad pública en México o de la policialización de la Fuerzas Armadas, así como de la fragmentación del aparato de seguridad, del sistema Nacional de inteligencia del Estado Mexicano y la falta de resultados, podrían terminar alineando a republicanos y demócratas en torno a la narrativa instalada por el juicio de Genaro García Luna, de que en México persiste un narcoestado. Por ello; se sugiere trabajar más conjuntamente entre las agencias de ambos países, en un conflicto antagónico, en el que se enfrentan los Estados y el Crimen Organizado Transnacional, implica una férrea decisión del gobierno para establecer estrategias para enfrentarlo con cierto grado de éxito.

¿Los estados fallidos engendran narcoterrorismo? ¿Qué podemos hacer para fortalecer esas alianzas y reafirmar los lazos de cooperación contra de la Delincuencia organizada transnacional entre México y Estados Unidos? Todo es perfectible, no podemos decir que todo está mal, sino que todo se puede mejorar y recordar que estos casos como el de García Luna no deben repetirse, y que estas experiencias aprendidas, sea el parteaguas para encontrar un nuevo plan de acción conjunto, aportando nuevas ideas eficientes para mejorar y transformar lo que deba de evolucionar, construyendo un nuevo rumbo, certidumbre y destino en materia de seguridad y defensa en los dos países. ¡Todo un gran reto para los años venideros!

Abraham Serrano Ortega.

OSAC Member y Director General de Proyectos para América Latina en Criminal Justice International Associates. Es consultor Internacional de Seguridad y Defensa, especializado en geoestrategia e inteligencia internacional y Derechos Humanos. Licenciado en Derecho, por la Universidad del Valle de México y Egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry de la Universidad de la Defensa Nacional de los Estados Unidos de América.

Las opiniones expresadas en este texto no representan la postura institucional de Global Thought.