En agosto de 2021, el gobierno mexicano demandó a un grupo de manufactureros y distribuidores de armas en Estados Unidos. El proceso se inició en una corte local del estado de Massachusetts. Inicialmente, una corte de distrito desechó la demanda en septiembre 2021, alegando que las compañías estaban protegidas por la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (Protection of Lawful Commerce in Arms Act) de 2005. Sin embargo, el 22 de enero de este año una corte federal reabrió el caso argumentando que esta legislación no protege a las compañías de ser responsables de violaciones de regulaciones relacionadas con la venta de sus productos.

Con esta demanda, el gobierno mexicano busca visibilizar la negligencia de las empresas fabricantes de armas al facilitar el tráfico ilegal de sus productos a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El laxo control de armas en varios estados estadounidenses – especialmente en Texas – ha permitido que las organizaciones criminales mexicanas se provean de armas que son alimentan los altos niveles de violencia en nuestro país. De hecho, se estima que el 90% de las armas recobradas de cárteles mexicanos provienen del vecino del norte.

En un esfuerzo por reconocer su corresponsabilidad en la expansión del crimen organizado y la violencia que se asocia con ella, en octubre de 2021, el gobierno de Estados Unidos acordó firmar el Acuerdo Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras con México. Ambos países se comprometieron a reducir el tráfico de armas a través de la frontera. Sin embargo, no se han formulado políticas públicas concretas en ese sentido ni en México ni al norte de nuestra frontera.

Con esta demanda, el gobierno mexicano logró darle visibilidad a los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales que alimentan la violencia en México para mantener un flujo constante de armas a través de la frontera. Sin embargo, es necesario que se revisen las deficiencias de los controles que permiten que las armas entren al territorio nacional.

Además, la demanda no ha sido acompañada de cambios en la estrategia de seguridad en el país. Es decir, no ha habido esfuerzos de coordinación entre fuerzas de seguridad de varios niveles de gobierno. Al contrario, la militarización de la seguridad pública se ha intensificado, dejando de lado esfuerzos necesarios de profesionalización de corporaciones policiales locales.

Por otro lado, es poco probable que en los últimos meses de la administración del Presidente López Obrador (AMLO) se avance en el fortalecimiento del estado de derecho en el país.  Por tanto, a pesar de la visibilidad que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le ha dado a la colaboración con Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico no se espera que la situación de seguridad cambie de cara a las elecciones presidenciales de 2024.