Mucho se ha especulado en fechas recientes en torno a si la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta mujer de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas significará una nueva era respecto del comportamiento de las tropas, con una larga historia de violaciones a derechos humanos que datan desde la Guerra Sucia, las campañas de contrainsurgencia en Guerrero y Chihuahua de los 60’s, hasta las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, Palmarito y Nuevo Laredo cometidas en nombre de la guerra contra el narcotráfico.

            A las voces que han clamado con optimismo que la comandancia de una mujer acabará con las prácticas de tortura, desaparición forzada, fabricación de flagrancias, misoginia y deseo de dominación de quienes gobiernan y operan las Fuerzas Armadas, les respondo, con profundo respeto, que su optimismo está errado. La comandancia de una mujer de más de 330,000 soldados y marinos no va a cambiar un ápice los valores profundos de la institución, ni el comportamiento operativo de la misma.

            Esta afirmación no la hago desde el feminismo ni desde una apreciación de género. No es tampoco un intento velado de publicar una opinión misógina. Esta afirmación, que no importa si hay un comandante o una comandanta de las fuerzas armadas, la hago desde la realidad fáctica del arreglo institucional que configuró la relación cívico-militar en México tras la conclusión de la Revolución Mexicana. Claudia Sheinbaum no puede transformar a las fuerzas armadas no porque sea mujer o porque carezca del intelecto para hacerlo, sino porque en general, ningún presidente civil desde 1946 ha ejercido verdaderamente como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

            Se le llama el ‘Pacto de 1946’ a una serie de acuerdos y arreglos institucionales (algunos tácitos, algunos por escrito) configurados por los generales Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho y el licenciado Miguel Alemán (primer presidente civil independiente del poder militar tras el final de la Revolución), para lograr una transición pacífica de la presidencia militar a la presidencia civil en México.

            Quien quiera conocer más detalles sobre este pacto y sus efectos en el siglo XXI puede leer mi texto titulado “El autogobierno de las Fuerzas Armadas Mexicanas”[1], pero a manera de resumen, dicho arreglo consistió en un pacto de no intervención. Los militares abandonarían paulatinamente la titularidad de los ejecutivos del país (presidencia y gubernaturas), y a cambio, los civiles no intervendrían en la política militar, permitiéndole a los militares extraer rentas de la población y de sus presupuestos asignados.

            La relación cívico militar antes de 1946 era un río revuelto, donde lo civil y lo militar era uno y lo mismo. Previo a 1946 no eran necesarios muchos acuerdos formales respecto de cómo limitar al poder militar porque dicho poder no tenía límites, lo abarcaba todo y lo controlaba todo. Y en consecuencia, lo militar limitaba a lo militar. Las pugnas, las intrigas internas, las envidias, las conspiraciones, eran aquello que frenaba al propio Ejército.

            Tras 1946, dicho río supuestamente se había secado. No había necesidad de controles, de presas que regularan el flujo del agua, de instrumentos de medición de sus niveles ni botones de emergencia en caso de desbordamiento porque el pacto era, de una vez y para siempre, un divorcio. Los militares no volverían a tocar la silla presidencial. A cambio, los civiles dejarían a los militares extraer sus rentas en paz.

            El divorcio a lo largo de las décadas se fue consumando. Durante la segunda mitad del siglo XX, cada vez se volvieron más infrecuentes los gobernadores militares en los estados. El último ministro militar de la Suprema Corte fue el general Carlos García Vázquez, quien ocupó el cargo de 1986 a 1994. Y a cambio de esta paulatina salida de los militares de la vida política, los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación se quedaron sin dientes para auditar la vida militar.

            Cualquier presidente mexicano está impedido por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea a nombrar civiles al mando de la Secretaría de la Defensa. Los militares se gobiernan a sí mismos. El presidente puede elegir al director de la orquesta, pero la orquesta usa los mismos instrumentos, partituras y tiempos que ha usado durante toda su existencia. El director no puede ser elegido de un club diferente al de los músicos existentes, y como tal, un miembro del club nunca va a atentar contra los intereses del mismo.

            Ningún presidente mexicano desde 1946 conoce la realidad cotidiana de las fuerzas armadas porque ni las ha estudiado ni ha servido en ellas. No sabe qué son las fatigas, qué es una imaginaria de guardia, la orgánica de un regimiento de caballería, no podría distinguir entre la S.I.I.O. (Sección de Información, Instrucción y Operaciones) y el S.P.A.A. (Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía), no sabe que significa apañar o tener burrés. En pocas palabras, nadie puede auditar ni gobernar aquello que no conoce.

             Los presidentes mexicanos desde 1946 quedaron reducidos a porristas supremos de las fuerzas armadas. Personajes que simbólicamente agradecen su lealtad a las FFAA en ceremonias públicas (en medio de la liturgia del Estado), aumentan los sueldos esporádicamente, pero no los conocen, son para ellos un ente tan extraño como un extraterrestre.

            Desde 1946, salvo en el infame caso del ascenso a general del ‘Negro’ Durazo, ningún presidente ha metido mano en las listas de ascensos de coroneles, generales, capitanes de navío y almirantes que preparan los estados mayores de SEDENA y SEMAR.

El Congreso se comporta de forma similar. Sobran los dedos de una mano para contar los diputados y senadores que han trabajado en alguna corporación de seguridad o las han estudiado desde la academia que estarían calificados como para desempeñarse en las comisiones de defensa, marina y seguridad nacional en cada legislatura. No se puede gobernar lo que no se conoce.

            Desde 1946 hasta la fecha, sólo en 2 ocasiones el Senado ha ejercido efectivamente su rol de auditar los ascensos de generales y almirantes: 1) En 1953, tras la orden del presidente Díaz Ordaz de investigar los sobornos y venta de plazas de generales y almirantes. 2) En 2018, cuando se le negó su ascenso a general de división a José Luis Sánchez León por el caso Tlatlaya. Fuera de esas 2 ocasiones, el Senado, igual que la Presidencia de la República, son oficialías de partes para los ascensos militares.

            Del presupuesto ni hablemos. Las FFAA son un hoyo negro que se audita a sí mismo. SEDENA y SEMAR, a diferencia de cualquier otra dependencia de gobierno, tienen su propio auditor y contralor, y el comodín de argumentar que cualquiera de sus gastos, desde la compra de misiles hasta la compra de canapés para un banquete, son un gasto reservado por razones de seguridad nacional.

            Claudia Sheinbaum no puede transformar a las Fuerzas Armadas porque México deliberadamente desde 1946 construyó un arreglo institucional donde ningún presidente, por más apoyo popular que tenga, tiene ni más armas ni más instrumentos legales que aquellos en disposición de los soldados. A los soldados no les intimidan las urnas, porque los presidentes no tienen dientes para moldearlos o reformarlos. México no tiene los mecanismos que sí tienen las democracias para controlar a sus fuerzas armadas: controles legislativos y judiciales eficientes, ministros de defensa civiles, control sobre los ascensos de generales y almirantes, auditoría eficiente del gasto, etc.

            Claudia no tiene los mecanismos institucionales, legales, fácticos ni económicos como para reformar las fuerzas armadas, no tiene ni siquiera un staff de asesores en materia de defensa. La seguridad pública y la seguridad nacional son dos animales que se comportan de forma muy diferente. Una cosa es corretear al Chapo, otra cosa es corretear a Cienfuegos. Claudia Sheinbaum no está equipada para acabar con las masculinidades militarizadas que gobiernan el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

[1] Cfr. Víctor Hernández, “The Self-Government of the Mexican Armed Forces: The Political Rise of the Mexican Army During the War on Drugs” (2006-2023)”. Tesis: King’s College London, 2023, , disponible en https://drive.google.com/file/d/1RKm9RmNJ9Cr2ogEqBSKh5ab6mhsmtjnJ/view