El huracán y la respuesta del gobierno

El pasado 24 de octubre, el puerto de Acapulco, Guerrero – uno de los más importantes del país – fue azotado por uno de los desastres naturales más devastadores que se han visto en la localidad. El huracán Otis, categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, tocó tierra en esta ciudad del Pacífico mexicano, dejando a su paso daños materiales valuados en 16 millones de dólares y, según cifras oficiales, la lamentable pérdida de 48 vidas humanas. El nivel de devastación, evidenciado por imágenes que recorrieron el mundo entero, no sólo respondió a la intensidad de la tormenta. Lo sucedido en Acapulco y otras zonas de Guerrero, tiene, además, causas coyunturales relacionadas con la gestión de estos fenómenos en el país. Este episodio también puso en evidencia deficiencias estructurales del manejo de desastres naturales en el país.

La respuesta inicial del gobierno a Otis fue decididamente deficiente. Si bien la rapidez con la que la tormenta ganó intensidad dificultó una reacción rápida, es verdad que sí se conocía de su potencial devastador. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos publicó un mensaje en la plataforma X que alertaba sobre el ciclón casi 20 horas antes de que tocara tierra. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alertó del fenómeno con una publicación en la misma red social sólo 30 minutos antes de que impactara. Es decir, parece que el gobierno federal desaprovechó horas importantes en las que la población hubiera podido tomar medidas para mitigar las pérdidas materiales y los riesgos a las vidas humanas.

El retraso en la respuesta continuó una vez había pasado la tormenta. Teniendo a su disposición helicópteros de la fuerza área que hubieran podido llegar a Acapulco en un tiempo breve, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, el Presidente decidió trasladarse a la zona del desastre por carretera. Esta determinación abonó a la incertidumbre y el retraso a la respuesta del gobierno a Otis. Además, las malas condiciones del camino obligaron a miembros de las fuerzas armadas a desviar su atención para ayudar a AMLO a llegar al puerto. A nivel local, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no se puso al frente de la situación que se desarrollaba en Acapulco sino hasta días después del paso del huracán por el puerto.  

A medida que pasaban los días se hacía evidente, también, la falta de recursos para la reconstrucción de uno de los puntos turísticos más importantes del país. El 31 de octubre, AMLO anunciaba la entrega de recursos a las poblaciones vulnerables de la zona en forma de créditos, adelanto de programas sociales y despensas. El mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por medio del cual se ofrecían incentivos fiscales para la reconstrucción. Desde que estas medidas se dieron a conocer, quedó claro que esto no sería suficiente para cubrir necesidades del puerto y de su gente. El 15 de noviembre se discutió entonces el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024. El documento se aprobó inicialmente sin destinar más recursos a Guerrero o Acapulco. Esto evidenció, de nuevo, que hacer frente a este desastre natural no estaba dentro de las prioridades de esta administración.

No obstante, las dimensiones de la actual crisis en Acapulco no sólo responden a la respuesta torpe y tardía de los gobiernos federales y locales. Esta reacción se conjunto con deficiencias estructurales de la gestión de desastres naturales en el país.

Deficiencias en la gestión de desastres naturales

El huracán Otis dejó en evidencia la falta de un sistema meteorológico que permita tener tiempos de respuesta más rápidos a este tipo de fenómenos. Si bien la velocidad con la que la tormenta incrementó su intensidad no tuvo precedentes, no debemos olvidar que la probabilidad de que los desastres naturales sean cada vez más intensos y destructivos es alta dados los efectos del cambio climático.

Además, a pesar de que, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el 45% del territorio nacional es vulnerable a lluvias torrenciales e inundaciones, no se ha desarrollado un sistema de gobernanza para la gestión de los riesgos asociados a los desastres naturales que promueva la vinculación entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Esto debe tener dos objetivos principales: el desarrollo de infraestructura más resiliente ante los riesgos propios de la geografía del país y de programas de respuesta que permita poner a salvo a la población civil. Como lo señala Aideé Zamorano, experta en gestión de riesgos naturales, sin lo anterior no dejaremos de sorprendernos cada vez que sucedan desastres como Otis.

Para esto es esencial que desde el gobierno se destinen los recursos necesarios para el fortalecimiento de la infraestructura y la mitigación de riesgos. Es por esto que la decisión del gobierno federal de extinguir el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, publicado en el DOF el 21 de octubre de 2021, fue altamente criticado tras la devastación causada por Otis. Este fondo hubiera permitido al gobierno local a acceder a recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura en la zona afectada.

Asimismo, esto hubiera mitigado los riesgos a las cadenas de suministro que dependen de la zona.

La desaparición del FONDEN está, además, relacionada con uno de los problemas que más permean la vida pública del país, la corrupción. En 2021, AMLO argumentó que los fideicomisos que el manejo del FONDEN y otros fideicomisos extintos fue opaco y discrecional desde su creación. La corrupción también se ha encontrado en el cumplimento de códigos de construcción y otras regulaciones destinadas a mitigar los riesgos asociados a fenómenos naturales.

Perspectiva

El 9 de noviembre – menos de un mes después de la tragedia – el gobierno federal dio por terminada la emergencia en la zona. Esto evidencia la falta de incentivos que tiene la actual administración para atender el desastre. Por tanto, es probable que la situación tardará en normalizarse más allá de las elecciones federales de 2024. Esto tendrá un impacto significativo en las cadenas de suministro. Además, es poco plausible que la temporada vacacional que se avecina se desarrolle con normalidad, lo que representará aún más pérdidas para el sector turístico del puerto. Esto apuntalará sus condiciones adversas en el corto y mediano plazo.

Más allá de Acapulco y las vacaciones que se avecinan, no hay evidencia de que incentivos que lleven a una mejor coordinación entre actores estratégicos para robustecer nuestra gestión de riesgos naturales. Por tanto, las condiciones estructurales perdurarán durante los próximos años. Esto perpetuará la condición de vulnerabilidad de un alto porcentaje de la población, cuyos riesgos aumentarán a medida que los fenómenos naturales crecen en intensidad y frecuencia.